CEPES alerta de que la transición hacia la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) para el residuo textil requiere medidas transitorias que permitan preservar una infraestructura esencial para el éxito del nuevo modelo y proteger los 3.700 empleos de la Economía Social en el sector. Las empresas de inserción y los centros especiales de empleo de iniciativa social gestionan más del 60% del residuo textil tratado en España, con cerca de 119.000 toneladas recogidas al año, 30.000 contenedores y 10 plantas de clasificación, y generan más del 90% del empleo del sector, buena parte de él para personas en situación o riesgo de exclusión y personas con discapacidad. CEPES advierte de que esta capacidad ya empieza a reducirse, con un descenso del 7% en la recogida —unas 4.000 toneladas— que podría aumentar si no se alcanza una solución.
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