El pasado 15 de diciembre tuvo lugar en el Centro Joaquín Roncal de Zaragoza, la Jornada de Contratación Pública Socialmente Responsable organizada por CEPES Aragón con la colaboración de Zaragoza Dinámica.
El objetivo era analizar los instrumentos de los que disponen las entidades públicas para realizar una contratación pública socialmente responsable, con especial atención a las oportunidades que se abren con la nueva ley de Contratos del Sector Público, Ley 9/2017.
Participaron en la Mesa que moderó Ana Isabel Beltrán Gómez: José María Gimeno Feliú Catedrático de Derecho Administrativo; Elena Marín Albarrán, que ha sido Subdirectora General de Coordinación de la Contratación del Ayuntamiento de Madrid; Ana Budría Escudero, Jefe de Servicio de Patrimonio y Contratación del Ayuntamiento de Zaragoza; María Asunción Sanmartín Mora, Vocal de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón; Iván Andrés Martínez, Coordinador General del Área de Alcaldía del Ayuntamiento de Zaragoza, y José Luis Henarejos Fernández, Coordinador del Área Formación y Empleo de CEPES.
El profesor Gimeno Feliú comenzó haciendo unas consideraciones sobre la contratación pública como estrategia para implementar políticas sociales.
A continuación, Elena Marín, Ana Budría y María Asunción Sanmartín trataron respectivamente sobre los criterios de adjudicación de tipo social, las condiciones especiales de ejecución y la reserva de contratos a Centros Especiales de Empleo, a Empresas de Inserción y a otras entidades de economía social.
Iván Andrés se centró en la necesidad de dar impulso político para materializar las posibilidades que abre la nueva Ley, y José Luis Henarejos explicó como CEPES había trabajado para que en la tramitación parlamentaria de la misma se incluyera un reforzamiento de los aspectos sociales, con un resultado bastante satisfactorio.
Abierto el dialogo, las intervenciones pusieron de manifiesto una serie de ideas clave:
- La contratación pública o es responsable o no hay Buen Gobierno.
- Es necesario que las Entidades Públicas compradoras (Poderes adjudicadores) y entidades de la Economía Social interactúen, se conozcan mutuamente y colaboren. Por ello, para conseguir una contratación pública socialmente responsable no bastan las iniciativas unilaterales, sino que habría que habilitar espacios de comunicación.
- Debe ponerse el énfasis en que la reserva social de contratos o de la prestación de servicios a través de la acción concertada busque la “eficiencia social”.
- La inclusión de una perspectiva social en los contratos tiene que responder a una estrategia. Las entidades públicas no solo deben fomentar la perspectiva social en la preparación del contrato, deben controlar el cumplimiento de las medidas sociales incorporadas al contrato durante su ejecución, y evaluar el cumplimiento de los objetivos buscados.
- Necesidad de formar a los agentes implicados y de mentalizar a los empleados públicos de que las condiciones sociales “no hacen más caro” el contrato.
- Se suscita la oportunidad de crear con estos fines un Observatorio participativo en el que además del sector público y la economía social estuviera representada la Universidad.
