Heraldo.es, 1 de abril de 2016.- El gobierno de Zaragoza en Común ha incluido por primera vez en una licitación municipal la obligación de que las empresas que resulten adjudicatarias subcontraten los trabajos correspondientes al 5% del presupuesto anual con empresas de economía social. Es decir, centros especiales de empleo, empresas de inserción social o cooperativas de trabajadores.

Esta exigencia figura en los pliegos de los cinco lotes publicados esta semana para el mantenimiento integral y la eficiencia energética de los edificios de titularidad municipal. Un servicio por el que el Consistorio está dispuesto a pagar unos 9,7 millones de euros anuales y que implica, por tanto, una inversión anual mínima en empresas de economía social cercana a los 486.000 euros (el 5%).

La corporación municipal ya avisó de que impulsaría este tipo de economía a través de sus adjudicaciones pero esta es la primera vez que transforma sus propósitos en exigencias mediante un concurso público. Fuentes municipales explicaban esta semana que se trata de un «planteamiento de política general del equipo de gobierno» y adelantaban que este tipo de cláusulas se incluirán en las licitaciones en las que sea posible «por volumen o características del servicio».
Buena acogida en el sector

Las empresas de economía social de la ciudad se han mostrado sorprendidas ante una medida que les ha cogido por sorpresa, aunque todas aplauden la inclusión de esta cláusula en los pliegos de un concurso de gran envergadura. En la frase «será obligatoria la subcontratación con empresas de economía social de los trabajos correspondientes a un porcentaje mínimo del 5% de aplicación del presupuesto realizado anual de cada uno de los lotes», las aludidas aseguran ver reflejada una demanda por la que llevaban «casi una década» luchando.

A nivel autonómico la Ley 3/2011 de ‘medidas en materia de contratos del sector público en Aragón’ obliga al Gobierno de Aragón a reservar un porcentaje anual de procedimientos de adjudicación de contratos públicos a centros especiales de empleo y empresas de inserción social. Para 2016 este porcentaje mínimo es del 3%. Sin embargo esta normativa no obliga a los ayuntamientos de la Comunidad y por eso las empresas del sector valoran «muy positivamente» la «inclusión voluntaria» de esta exigencia.

Tres interesados principales

La iniciativa municipal incluye además a las cooperativas de trabajadores; empresas que, según defienden desde la Confederación de Entidades de Economía Social en Aragón (Cepes), promueven unos valores de «democracia e igualdad entre trabajadores» que las distinguen de las empresas al uso. «Además resuelven problemáticas concretas de empleo en el territorio e impulsan modelos económicos más sostenibles», apunta María Esteve, parte de la junta directiva de Cepes.

Javier Guiu, presidente de la Patronal Aragonesa de la Discapacidad (Padis) y director general de la Fundación DFA (Disminuidos Físicos de Aragón), también celebra esta medida de discriminación positiva que beneficiará a los centros especiales de empleo. «Otros ayuntamientos han desarrollado ordenanzas al respecto y por ejemplo el de Barcelona exige no sólo subcontratar el 5% del presupuesto, sino también que el 5% de los operarios de la empresa adjudicataria sean personas con discapacidad», expone. Por eso desde Padis califican la medida como «un paso adelante» aunque matizan que todavía «hay margen para mejorar» ya que a día de hoy «sólo trabaja una de cada tres personas con discapacidad».

En la Asociación Aragonesa de Empresas de Inserción (Arei), Carlos Lazaga, su presidente, también recibe con regocijo la noticia: de las diez empresas de inserción social que integran la asociación, cuatro podrían verse beneficiadas en esta ocasión porque prestan servicios directamente relacionados con el objeto de los contratos en licitación: el mantenimiento de edificios. «No es la primera vez que se incluyen cláusulas para impulsar la participación de empresas de economía social pero sí la primera que se presenta como obligación y que parece que se hará un seguimiento serio para asegurar su cumplimiento», expone. En las empresas de inserción social trabajan únicamente, y por un máximo de tres años, personas con un certificado de exclusión expedido por centros municipales de empleo: «Son la vía para asegurar el desarrollo de unas competencias profesionales y sociales que les posibiliten incorporarse más adelante al mercado laboral normalizado».

Por último, desde la Asociación Aragonesa de Cooperativas y Sociedades Laborales (Ases) solo tienen un matiz que añadir a esta «interesante y magnífica progresista consideración». Su presidente, José María Andrés Navarrete, incide en que sería «positivo» que el ser una cooperativa «sumasen puntos directamente a la hora de adjudicar contratos».